Patria o Buitres – El Germen FCE|UBA

La semana pasada la Corte Suprema norteamericana decidió no tomar el caso de Argentina y los Fondos Buitres, levantando una cautelar que permitía a la Argentina seguir pagándole a los tenedores de la parte reestructurada de la deuda.

Para comprender este hecho es necesario remontarnos a la última dictadura militar, cuando el endeudamiento se convirtió en uno de los principales obstáculos para el crecimiento del país. Eran los primeros años de una etapa económica que estuvo signada por la búsqueda de ganancias financieras en detrimento de la economía productiva, que necesitaba de un creciente endeudamiento externo para sostenerse. Así, se fue incrementando el peso de la deuda sobre la economía, estrepitosamente durante la convertibilidad, lo cual llevó a sucesivas crisis cambiarias con un dramático impacto sobre las condiciones de vida de los argentinos. Finalmente, llegó la implosión del 2001, que trajo aparejada la cesación de pagos con los tenedores privados de deuda: fue el mayor default de la historia mundial, implicando más de 80.000 millones de dólares.

Ya habiendo retomado el crecimiento, por decisión del aquel entonces presidente Néstor Kirchner, Argentina entabló un proceso de renegociación y reestructuración de la deuda en default, logrando una sustancial quita del 65,6%, modificación de plazos, pesificación y cambio de legislación de buena parte de la deuda. Dicho canje tuvo una primera instancia en 2005 y se reabrió en 2010 alcanzando una adhesión del 92,4%. Al mismo tiempo, los llamados fondos buitres adquirieron títulos de la deuda reestructurada pero sobre todo de la parte que estaba en default y comenzaron a litigar sobre esta, con el fin de que les sea otorgado el total del valor nominal de los bonos y así, obtener ganancias desorbitadas.

Hace unos años un juez neoyorquino, Thomas Griesa, dio lugar a la demanda de estos fondos activando reclamos de los mismos para embargar bienes argentinos en el exterior, intentos que resultaron infructuosos. Entre ellos, se encuentra el recordado caso de la Fragata Libertad. Desde entonces, existe una prolongada disputa judicial donde Argentina apeló sucesivas disposiciones de la justicia norteamericana, con el fin de que la corte Suprema tome el caso. A su vez, existieron intentos de embargar los pagos de Argentina por la deuda que sí fue reestructurada. Por ello, nuestro país debió recurrir a una cautelar para dejar en suspenso la decisión del juez por sobre los mismos.

Como ya se mencionó, la corte decidió no tomar el caso. Además, se levantó la cautelar que hasta el momento había imposibilitado el embargo de los fondos argentinos destinados al pago de deuda renegociada. Para acatar el fallo, Argentina debería desembolsar 1.330 millones de dólares en un sólo pago, con el riesgo de que se conviertan en 15.000 millones por otros holdouts que realizarían la misma demanda que inició una parte del 7,6% que no entro en los canjes. La suma de estos dos montos representa aproximadamente un 60% de las reservas internacionales del país, evidenciando la inviabilidad de realizar dicho pago sin hipotecar el futuro de los argentinos. Ante este escenario, el país se puede ver forzado a entrar en default con los bonistas de la deuda reestructurada.

Más allá de las medidas del gobierno conducentes a evitar el default técnico, ya sea a través de negociaciones, por vías judiciales o de un cambio de legislación, es importante evaluar el impacto del posible default sobre la economía del país. El gobierno ha dado excesivas muestras de su capacidad para sobrellevar una situación de default, como de hecho ya lo venía haciendo con el Club de París o los holdouts, y a través de la dirección política, preservar el nivel de actividad económica y los  niveles de vida de la población, descartando así cualquier tipo de escenario catastrófico. Una posible consecuencia de caer en default gira en torno a la obstaculización al acceso al financiamiento externo, instrumento que eventualmente puede ser útil en la actual coyuntura para seguir impulsando el crecimiento, la industrialización y la inclusión social.

Una vez más, el camino de las políticas soberanas que viene impulsando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se enfrenta a los poderosos, en este caso, el capital financiero de rapiña. De esta forma, el gobierno se pone a la vanguardia de una disputa de carácter global de potencial impacto en aquellos países que se encuentren en una situación crítica en relación a su deuda y precisen de una renegociación de la misma. Un fuerte respaldo político y social interno y externo resulta esencial para que el país pueda llevar adelante una pelea de tal magnitud.

Afiche de batalla Glogo NEU - final

 

 

 

 

 

 

 

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